El desarrollo de la investigación de la causa por abuso sexual en contra de cuatro jugadores de Vélez se va haciendo más compleja con el correr de las horas. Los resultados de una pericia telefónica abrieron un nuevo escenario. Por un lado, generó una contradenuncia y, por otro, la citación de nuevos testigos. Los defensores de los acusados aseguran que saldrían indicios de que no habría existido un ataque, mientras los querellantes insisten en señalar que esta es una maniobra desesperada para evitar que los futbolistas reciban una segura condena.

En marzo de 2024, la joven denunció que había sido convocada por el arquero Sebastián Sosa a charlar en un hotel donde estaba alojada la delegación. Expresó además que en esas circunstancias fue abusada sexualmente por Abiel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré. Los cuatro fueron acusados del ataque. A partir de ese momento se inició una larga batalla procesal que sigue vigente.

En abril de 2024, después de varios intentos, José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (defienden a Cufré), Camilo Atim y María Florencia Abdala (asisten a Florentín Bobadilla) y Ernesto Baaclini (representa a Sosa), lograron que el juez Augusto Paz Almonacid autorizara el análisis de los teléfonos de dos amigas de la víctima. Según anunciaron en esos momentos, la intención era descubrir la existencia de un supuesto audio que les serviría para demostrar que se habría tratado de una relación consentida.

Los querellantes, Patricia Neme, Patricio Char, Franco Venditti y Juan Andrés Robles se opusieron a la medida desde aquel momento. “Están buscando la manera de atacar a la víctima. Es un golpe bajo para eludir la acusación”, repitió una y otra vez la abogada que siempre fue la más cercana a la denunciante. En agosto del año pasado, con la presencia de los peritos designados por todas las partes, se realizó la extracción de los datos de los dos celulares. En junio pasado se conoció un informe preliminar y a fines de agosto, el definitivo. Lo informado en más de 430 páginas generó que la investigación tomara un nuevo rumbo.

Contradenuncia

En base al informe oficial, Florentín Bobadilla, a través de sus abogados Atim y Abdala, presentó el viernes una denuncia en contra del diputado nacional Carlos Cisneros, los abogados Neme y Venditti, la denunciante y su padre, las testigos y otras dos personas. Pidió que se los investigue por haber generado una organización criminal que habría cometido falso testimonio, estafa procesal, adulteración de documento público, adulteración de documento y asociación ilícita.

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

La fiscala Mariana Rivadeneira analizó la denuncia y, con los indicios que existen en el expediente en base a los resultados de las pericias, abrió oficialmente la investigación en contra de todos los mencionados, salvo el parlamentario. Por esa razón, el martes se realizaron allanamientos en diferentes lugares. Los resultados de las medidas no trascendieron hasta el momento.

Según confiaron fuentes judiciales, la teoría de Rivadeneira sería que sí se habrían registrado maniobras para eliminar supuestas evidencias. Hasta aquí no tendría elementos suficientes para confirmar o descartar la existencia de una asociación ilícita.

“Está claro que esta es una maniobra para desviar el foco del caso, que es de una violación en manada de una joven. Se trata de una denuncia absurda que no tiene ningún sentido”, aseguró Neme en un contacto telefónico con LA GACETA. “Se allanó un estudio donde se atiende a personas que denuncian a EDET por daños. No sólo no tiene nada que ver con la causa, sino que además no se respetó la presencia de veedores”, añadió asegurando que los allanamientos que se hicieron en su oficina fueron ilegales. (Se informa por separado).

Atim y Abdala anunciaron que no realizarían declaraciones sobre esta investigación. La misma postura tomaron los defensores de los otros acusados.

Avance

Los resultados de las pericias también servirían en la causa del abuso sexual. Habrían surgido nuevos datos de nuevos testigos. Los defensores intentaron entrevistarlos, pero como se negaron a hacerlo, recurrieron a la fiscala Adriana Reinoso Cuello para que los citara a declarar. Una joven lo hizo y habría reconocido que ella también sabía de la existencia del audio y que le habría recomendado a una de las testigos que no lo eliminara porque podría tener problemas legales.

Cómo sigue la causa contra los ex jugadores de Vélez a un año de la denuncia por abuso sexual

El novio de la otra amiga que declaró en la causa también fue llamado a ser interrogado, pero presentó un escrito que lo haría sólo en el juicio. La defensa solicitó que sea llevado por la fuerza pública.

“El pedido de citación no es antojadizo, sino que surge de la información con la que cuentan las partes. Todos deberían cumplir con la manda legal de comparecer”, sostuvo García Biagosch. “La investigación lleva su tiempo debido a la complejidad que se fue presentando. Somos los primeros interesados en que esta investigación termine, pero que se haga como corresponde. El tiempo del proceso afecta a todas las partes por igual. Estamos cerca de finalizarla”, añadió Battaglia.

“Si vos tenés la prueba de algún mensaje eliminado, el camino que te queda es ir a discutir a juicio. Pero hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿esa prueba es capaz de vencer en el debate oral y público a la sangre de la víctima encontrada en la habitación del hotel; al ADN positivo de Florentín Bobadilla y a las declaraciones de la joven y de sus amigos? La respuesta es no”, sostuvo el querellante Char.

El profesional agregó: “no es una causa armada y la condena que recibirán será efectiva. La denuncia falsa es la que presentaron y que tiene un solo objetivo: obligar a la víctima que se rinda, que sufra problemas de salud mental con el único fin de lograr la impunidad”. La abogada Neme dijo que a raíz de estas medidas la denunciante sufrió una severa crisis que obligó a que sea atendida por especialistas en salud mental.

El descargo de Cisneros: “No nos van a callar, denunciamos lo que nadie se atreve a denunciar”

“Una vez más, estamos ante un nuevo capítulo de cómo funciona la Justicia de Tucumán manejada por los mismos de siempre. Allanamientos ordenados a partir de una denuncia absurda, armada para desviar el foco de lo importante: una violación en manada que lleva esperando 15 meses ser elevada a juicio”, sostuvo el diputado nacional Carlos Cisneros, uno de los denunciados por el futbolista José Florentín Bobadilla.

“La verdadera asociación ilícita y plan criminal está en los despachos donde fiscales ordenados por Edmundo ’Pirincho’ Jiménez arman y frenan causas según les convenga. Esa es la estructura que lleva décadas en los mismos sillones, armada por el poder político de (José) Alperovich”, añadió el parlamentario en un comunicado de prensa. “Todos los tucumanos sabemos qué habría pasado si Alperovich se sometía a la justicia de Tucumán: su causa hoy estaría archivada en un cajón. No inventamos causas, las enfrentamos. Denunciamos lo que nadie se anima a denunciar. Y por eso hoy nos quieren amedrentar. Pero no nos van a callar, vamos a seguir denunciando lo que tengamos que denunciar”, aclaró el gremialista.

La joven que denunció a los jugadores de Vélez rompió el silencio: “La Justicia, que debería ser mi refugio, falló en proteger mi intimidad”

“Con mi equipo de trabajo, con Redecu, desde mi rol sindical y como diputado nacional, siempre estuvimos del mismo lado:  el de la gente. Que eso moleste quiere decir que estamos tocando intereses. Vamos a seguir exigiendo que la justicia actúe y proteja a las víctimas. Vamos a seguir peleando por lo mismo de siempre: por los jubilados, por los trabajadores, por las mujeres víctimas de abusos y contra las mafias que todavía se creen intocables en Tucumán”, finalizó. Al respecto, el ministro Fiscal. Edmundo Jiménez, dijo que no haría declaraciones.

Planteo: el Colegio de Abogados cuestionó el allanamiento a una abogada

Alberto José López Domínguez y Gustavo Usandivaras, presidente y secretario del Colegio de Abogados, denunciaron irregularidades en los allanamientos realizados en las oficinas de Patricia Neme, por orden de la Justicia. “Sorprende el escaso margen de tiempo con que fuimos notificados, pues en otros casos contamos con un plazo suficiente para designar veedor”, sostuvieron. “Se informó que la entidad había designado a Santiago Guaymás Ocampo para realizar la medida. Sin embargo, el allanamiento comenzó sin su presencia”, agregaron en la nota.  “En claro y manifiesto incumplimiento con las facultades del veedor no se le permitieron realizar manifestaciones ni observaciones en el acta de allanamiento. La función del veedor es mucho más amplia que la de un simple observador, se trata de un representante designado por el Colegio en resguardo de la Garantías Constitucionales”, expresaron.